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Abogados cuestionan ejecuciones extrajudiciales y defienden el debido proceso
San Francisco de Macorís. — Abogados expresaron su rechazo a las alegadas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes de la Policía Nacional durante operativos contra personas señaladas de cometer hechos delictivos, al considerar que cualquier ciudadano acusado de infringir la ley debe ser sometido a la acción de la justicia y beneficiarse de las garantías establecidas en la Constitución y las leyes dominicanas.
Los juristas señalaron que la pena de muerte no está contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano y defendieron la aplicación del Código Penal y el Código Procesal Penal como instrumentos para investigar, procesar y sancionar a quienes sean encontrados responsables de cometer delitos. En ese sentido, indicaron que la función de la Policía Nacional debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley y respetando la dignidad humana y el debido proceso.
Uno de los abogados sostuvo que las actuaciones policiales que terminan con la muerte de personas buscadas por las autoridades podrían estar relacionadas con el clamor social generado por el incremento de hechos delictivos. Sin embargo, consideró que la respuesta del Estado debe mantenerse dentro del marco legal y que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal de los imputados.
Otro de los juristas cuestionó declaraciones públicas que, a su juicio, podrían interpretarse como un llamado a entregarse sin que medie el procedimiento correspondiente. Advirtió que el respeto al debido proceso resulta fundamental para determinar quiénes realmente están vinculados a las estructuras delictivas y establecer las responsabilidades correspondientes mediante una investigación judicial.
Los abogados también destacaron que el Código Procesal Penal establece derechos para las personas imputadas durante el proceso y que las actuaciones de las autoridades deben procurar un trato digno. Asimismo, señalaron que la presunción de inocencia permanece vigente hasta que exista una decisión judicial que determine la responsabilidad penal.
No obstante, otro de los profesionales consultados manifestó que, aunque no está de acuerdo con la pena de muerte, entiende que las autoridades deben actuar con firmeza frente a quienes utilizan armas y cometen robos y otros delitos, al tiempo que pidió garantizar la seguridad de los ciudadanos que trabajan y transitan diariamente por las calles.
El debate surge en medio de la preocupación ciudadana por la delincuencia y las actuaciones policiales contra personas señaladas como miembros de bandas delictivas. Los juristas coincidieron en que el desafío consiste en combatir el crimen de manera efectiva, pero dentro del marco constitucional y legal que garantiza los derechos fundamentales.