Cada año, el Ayuntamiento de Villa Riva administra un presupuesto que paga desde el recogido de basura hasta la reparación de un camino vecinal en Barraquito. La pregunta que los vecinos se hacen en los colmados y en las redes sociales —«¿en qué se ha invertido el dinero municipal?»— es la pregunta correcta de la democracia local, y tiene respuesta: está en los documentos. Este artículo explica de dónde sale el dinero, en qué se gasta normalmente en un municipio como este y dónde puede consultarlo cualquier ciudadano.
1. De dónde sale el dinero de un ayuntamiento
Los municipios dominicanos se financian por tres vías principales. La mayor es la transferencia del gobierno central: la Ley 166-03 destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado, que se distribuye entre todos los municipios según su población y se entrega mensualmente. La segunda vía son los ingresos propios: arbitrios y tasas por recogida de basura, rodaje, mercados, cementerios, publicidad, licencias de construcción y otros servicios municipales. Y la tercera son las transferencias especiales y obras del gobierno central o de organismos que se ejecutan en el territorio pero no pasan por la caja municipal —conviene no confundirlas con la inversión del ayuntamiento—.
La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, regula cómo se administra ese dinero: el síndico (alcalde) lo ejecuta, el concejo de regidores lo aprueba y fiscaliza, y una parte debe destinarse por ley a inversión en obras, con reglas de transparencia y rendición de cuentas.
2. En qué se invierte: el patrón de un municipio del Bajo Yuna
En los municipios de tamaño medio como Villa Riva, el gasto sigue un patrón reconocible. El mayor bloque operativo suele ser el personal y los servicios básicos: recogida y disposición de desechos sólidos, limpieza de calles y cañadas, alumbrado, administración del mercado y el matadero, mantenimiento del cementerio. La inversión en obras —el capítulo que los vecinos ven y juzgan— se concentra en aceras y contenes, reparación de calles y caminos vecinales, puentes peatonales y alcantarillas, canchas deportivas, parques y plazas, y soluciones de drenaje, tanto en el casco urbano como en los cuatro distritos municipales, donde las juntas distritales ejecutan sus propios presupuestos menores.
Entre 2020 y 2026, el ciclo municipal dominicano atravesó dos gestiones (2020-2024 y 2024-2028), la emergencia del COVID-19 —que disparó el gasto en asistencia, limpieza y apoyo comunitario—, inflación en los materiales de construcción y las temporadas de lluvias e inundaciones propias del Bajo Yuna, que obligan a reasignar recursos a emergencias y drenajes. Cualquier balance serio del período debe leerse con ese contexto: qué se prometió, qué se presupuestó y qué se ejecutó son tres cifras distintas, y todas están documentadas.
3. El presupuesto participativo: la obra que eligen los vecinos
La legislación dominicana creó un instrumento que los villarivenses tienen a su disposición y pocos conocen a fondo: el Presupuesto Participativo Municipal. Por este mecanismo, las comunidades —a través de asambleas y de sus juntas de vecinos— proponen y priorizan las obras menores que el ayuntamiento debe ejecutar con una partida destinada a ese fin: la reparación de un camino en Las Taranas, el drenaje de un barrio, la cancha de un paraje. Cuando el mecanismo funciona, es la democracia local en su forma más concreta: el vecino no solo vota cada cuatro años, sino que decide cada año qué se construye en su calle.
Su contrapartida es la vigilancia: las asambleas deben ser convocadas públicamente, las listas de obras deben publicarse y su ejecución debe poder comprobarse. Donde la ciudadanía no asiste ni exige, el instrumento se vuelve un trámite; donde participa, se convierte en la mejor escuela cívica del municipio.
4. Cómo pedir cuentas: la ruta del ciudadano
La República Dominicana tiene una Ley de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) que obliga a los ayuntamientos a entregar sus presupuestos, ejecuciones y nóminas a quien los solicite. Los cauces prácticos son conocidos: la Oficina de Acceso a la Información de la alcaldía, el portal de transparencia del ayuntamiento, las sesiones del concejo de regidores —que son públicas—, el cabildo abierto y las rendiciones de cuentas que la ley manda realizar. Las ejecuciones presupuestarias también se registran ante la Dirección General de Presupuesto y la Cámara de Cuentas, el órgano que audita a los municipios.
La lección del período 2020-2026 no es una cifra, sino un hábito: los municipios transparentes no nacen de la buena voluntad de un síndico, sino de la constancia de los vecinos que preguntan, asisten y archivan las respuestas. La historia de un pueblo también se escribe en sus presupuestos, y esa historia le pertenece a quien paga los arbitrios: al ciudadano.