Entre los primeros días de octubre de 1937, el ejército dominicano y grupos de civiles armados ejecutaron en la línea fronteriza del noroeste la orden de exterminar a la población de origen haitiano residente en territorio dominicano. En pocas semanas fueron asesinadas miles de personas —hombres, mujeres y niños, muchos de ellos nacidos en la República Dominicana— en el episodio más oscuro de la historia nacional. Se lo conoce como la masacre del Perejil, y su memoria sigue pesando sobre las relaciones entre los dos países de la isla.
1. La frontera antes de 1937: una sociedad compartida
Para dimensionar el crimen hay que saber que la frontera dominico-haitiana de principios del siglo XX no era una línea cerrada entre dos mundos enemigos, sino una zona de vida compartida. Campesinos haitianos y dominicanos cruzaban en ambas direcciones por trabajo, comercio, matrimonio y fiesta; el creole y el español convivían en los mercados; las haciendas del noroeste empleaban mano de obra haitiana desde hacía décadas, y comunidades enteras de la línea fronteriza —Dajabón, Monte Cristi, Restauración, Elías Piña— eran bilingües y mixtas. La demarcación definitiva de la frontera se había firmado en 1929 y rectificado en 1936, apenas un año antes de la masacre.
Sobre esa sociedad fronteriza actuó la ideología oficial del régimen: un nacionalismo racializado que definía lo dominicano por contraste con lo haitiano y lo africano, y un proyecto de «dominicanización de la frontera» que buscaba poblar la línea con colonos considerados leales y borrar la presencia haitiana del territorio.
2. Octubre de 1937: la orden y la ejecución
Tras un recorrido por la frontera en el que Trujillo anunció públicamente medidas contra la inmigración y el «robo de ganado», la orden de exterminio se ejecutó a partir del 2 de octubre de 1937. Las unidades militares, auxiliadas en algunos puntos por civiles dominicanos, reunieron y asesinaron a la población haitiana de las comarcas fronterizas. Para disimular la autoría del Estado, muchas víctimas fueron muertas con machetes y armas blancas, simulando un conflicto espontáneo entre campesinos: la escenificación de un «pleito entre vecinos» que los informes diplomáticos de la época desmintieron desde el principio.
La tradición oral y parte de la historiografía recogen el procedimiento que dio nombre a la masacre: a las personas sospechosas se les mostraba una rama de perejil y se les pedía pronunciar su nombre; quienes lo decían con la fonética del creole o del francés —«peséy» en lugar de «perejil»— eran condenados. Los historiadores debaten hasta qué punto esa prueba fue sistemática o excepcional, pero el «perejil» quedó como símbolo perfecto del crimen: una palabra convertida en sentencia de muerte.
3. Las cifras y la respuesta internacional
El número exacto de víctimas no se conocerá nunca, porque el régimen controló la zona y la información. Las estimaciones serias oscilan entre unas 12.000 y más de 30.000 personas asesinadas; buena parte de la historiografía trabaja con un rango de 15.000 a 25.000 muertos. Eran, en su mayoría, campesinos residentes de larga data en el noroeste, no inmigrantes recién llegados.
El escándalo internacional obligó al régimen a negociar. Con mediación estadounidense, la República Dominicana firmó con Haití en 1938 un acuerdo por el que se comprometió a pagar una indemnización de 750.000 dólares —de la que solo se entregó efectivamente una parte— sin que ningún responsable fuera juzgado. Trujillo se mantuvo en el poder 24 años más; la masacre se convirtió en un tema silenciado en la educación y la prensa dominicanas durante décadas, preservado sobre todo por la memoria oral de las comunidades fronterizas y por la historiografía haitiana.
4. Memoria y responsabilidad
Desde la caída de la dictadura, y con más fuerza en las últimas décadas, historiadores, escritores y comunidades de la frontera han recuperado la memoria de 1937: investigaciones académicas, literatura —como la novela La cosecha de huesos de Edwidge Danticat, que llevó el tema al público mundial— y actos conmemorativos en las zonas afectadas. En 2012, al cumplirse 75 años, ambos países recordaron oficialmente a las víctimas, y la masacre es hoy reconocida en la República Dominicana como lo que fue: un crimen de Estado ordenado desde la cúspide del régimen.
Recordarlo cumple una función que va más allá de la justicia histórica: es el recordatorio permanente de adónde conduce la combinación de racismo oficial, propaganda y obediencia militar. La frontera actual, con su comercio binacional y sus familias mixtas, es en parte la heredera de aquella sociedad compartida que el régimen quiso borrar a machetazos, y que sobrevivió.